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La Constitución promete derechos que el Código Penal y los tribunales anulan

La Constitución de 2019 reconoce expresión, reunión, debido proceso y habeas corpus. Pero fija el partido único y el socialismo «irrevocable», y el Código Penal de 2022 y los tribunales dejan esos derechos en papel.

Redacción Cuba Clara · 29 de octubre

El Capitolio de La Habana, sede de la Asamblea Nacional
El Capitolio de La Habana, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aprobó el texto de la Constitución en diciembre de 2018 antes del referendo. Foto: Nigel Pacquette, CC BY-SA 3.0.

La Constitución que el régimen hizo aprobar en 2019 promete libertades que el propio régimen castiga. Los artículos que las reconocen traen una condición escondida: todo vale «según la ley». Y esa ley la escribe el partido único.

Lo que anuncian

El régimen presentó el texto como la base de un Estado «de derecho y justicia social». Según la Comisión Electoral Nacional, el referendo del 24 de febrero de 2019 dio un 86,85 % de sí, con 6.816.169 votos. La Constitución dice que «El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». También reconoce la reunión, la manifestación, la asociación, el debido proceso y el habeas corpus. Sobre la salud, el artículo 72 afirma que es «responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios».

Por qué no se sostiene

Los artículos 4 y 5 dejan sin fuerza a todos los demás. El artículo 5 declara al Partido Comunista «único» y «la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». El artículo 4 dice que «El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable». Un derecho de expresión que no puede llevar a cambiar el sistema ni el partido no protege al que discrepa. El mismo artículo 4 reconoce el derecho a combatir «contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido». Es decir, quien proponga otro orden queda fuera de la protección.

Cada derecho trae su freno. La reunión se reconoce «siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley». La prensa es libre, pero los medios fundamentales «son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas». Quien decide qué es «orden público» es la misma dictadura. Resultado: no existe un medio de comunicación legal que no sea del régimen.

El Código Penal de 2022 convirtió la mordaza en delito con penas mayores. Según Amnistía Internacional, el código corre «el riesgo de consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión». Amnistía señala que el «ultraje a los símbolos nacionales» pasó de una pena de tres meses a un año a otra de dos a cinco años. «Desacato», «desórdenes públicos» y «resistencia» subieron su mínimo de tres meses a seis. El artículo 120.1 castiga con entre 4 y 10 años a quien «ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano». Amnistía advierte que esa redacción es ambigua. El artículo 143 prohíbe recibir fondos para «actividades contra el Estado», también con 4 a 10 años. Eso pone en riesgo a periodistas independientes y activistas.

El habeas corpus existe en el papel, pero los tribunales lo bloquean. El artículo 96 garantiza que quien esté preso ilegalmente pueda pedirlo. En 2026 el Tribunal Provincial de Artemisa rechazó de plano el de Luis Manuel Otero Alcántara. Cubalex señaló que el auto decía a la vez que estaba en prisión provisional y que cumplía condena. El Tribunal Supremo admitió revisar el caso y después confirmó su permanencia en prisión. Lo hizo por supuestas sanciones disciplinarias que, según su abogado Alaín Espinosa, nunca se le notificaron conforme a la ley. En el caso de José Daniel Ferrer, el Supremo respondió cinco días después de las 72 horas que fija la ley. El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo resume: «Las autoridades judiciales distorsionan de manera total el procedimiento de habeas corpus».

El debido proceso se rompe antes del juicio. El artículo 95 promete comunicación inmediata con la familia y asistencia letrada desde el inicio. Human Rights Watch documentó que, tras el 11 de julio de 2021, en la mayoría de los casos los detenidos permanecieron incomunicados días, semanas y a veces meses. También halló juicios en tribunales militares y condenas por «sedición» de hasta 25 años. Según HRW, a muchos el régimen les dejó dos opciones: «la prisión o el exilio».

Lo que no te cuentan

Los medios del régimen presentaron el referendo como un éxito. Esto es lo que callaron. Observadores electorales independientes denunciaron el uso de lápiz y no de tinta, obstáculos a opositores y conteos fuera de los colegios. Los cubanos residentes en el extranjero no pudieron votar. La Comisión Electoral no explicó el aumento súbito de casi 700.000 electores. Mientras se hacía campaña por el sí, el régimen impidió que se promoviera el no. El historiador Gustavo Pérez Silveiro hizo público su voto por el no y sufrió diez horas de interrogatorio. Allí agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron con «evaporarlo».

Tampoco cuentan que los derechos sociales sufren lo mismo. La propia prensa del régimen reconoce que faltan medicamentos del cuadro básico. El agua tampoco llega a todos. El artículo 76 dice que «El Estado crea las condiciones para garantizar el acceso al agua potable», y según el INRH hay embalses de siete provincias por debajo de la mitad de su capacidad.

Los datos

Presos políticos

Presos políticos. Gráfica: Cuba Clara.

Al cierre de septiembre de 2026 había 1 351 presos políticos, según Prisoners Defenders. El régimen dice que no existen. Solo en septiembre entraron 50.

Las medicinas

Las medicinas. Gráfica: Cuba Clara.

Hasta Cubadebate, el diario del régimen, reconoce que 300 de los 395 medicamentos del cuadro básico están en falta. Es lo contrario de la «gratuidad» y la «calidad» que promete el artículo 72.

Fuentes (8)

Las cifras salen de los datos de Cuba Clara, que enlazan a su fuente original. Las gráficas son nuestras; las fotos llevan su autor y su licencia.