Saltar al contenido
Cuba ClaraCómo trabajamos
Noticias

Noticias · Investigación · Represión

Condenan a cuatro masones por 300 dólares y la prensa oficial dice que son tres

El tribunal condenó a cuatro masones por cambiar 300 dólares del asilo masónico. Los medios oficiales cuentan tres, hablan de «privación de libertad» y callan lo que denuncian los condenados.

Redacción Cuba Clara · 7 de noviembre

Un tribunal de La Habana condenó a cuatro masones por cambiar 300 dólares destinados a un asilo de ancianos. Las notas oficiales ni siquiera cuentan bien el caso: hablan de tres personas y de «privación de libertad». Los condenados dicen que la Seguridad del Estado les avisó de la sentencia antes del juicio.

Lo que anuncian

El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre informó de que el 5 de noviembre celebró el juicio de la Causa 26E de 2026. Dio por probado que José Ramón Viñas Alonso, jefe del Supremo Consejo del Grado 33 y presidente del patronato del Asilo Nacional Masónico «Llansó», cambió dólares fuera de los canales legales. Lo hizo junto al contador Fernando Marcos García, con la ayuda de Ángel Lázaro Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat. Las penas van de dos a cuatro años de limitación de libertad, con multas de 500 cuotas. Los cuatro pierden además derechos, no pueden salir del país y no pueden ejercer cargo u oficio. La nota oficial dice que los acusados tuvieron «las garantías previstas en la legislación procesal penal vigente».

Por qué no se sostiene

Ni siquiera cuentan bien quién fue condenado. La nota del tribunal habla de cuatro sancionados. Los titulares replicados por la prensa oficial dicen «tres ciudadanos». Y hablan de «entre cuatro y dos años de privación de libertad». La pena impuesta es limitación de libertad, que restringe los movimientos pero no manda a nadie a prisión. Son dos errores en una sola nota, sobre una sentencia que afecta a cuatro personas.

El delito es mínimo y tiene explicación. La acusación se basa en dos operaciones que suman 300 dólares. El 14 de septiembre de 2023 se cambiaron 49.600 pesos por 200 dólares del asilo, que venían de donaciones. El 13 de junio de 2025 se cambiaron 37.500 pesos por otros 100 dólares. La defensa sostiene que el primer cambio sirvió para comprar leche en polvo para los ancianos. Según la defensa, el segundo permitió comprar una medicina para el hijo de Villegas Digat. El centro de información legal Cubalex afirmó el 4 de noviembre que esa conducta no era delito y que ambas operaciones constaban en los libros del asilo. La nota oficial no menciona nada de esto.

El caso lo instruyó la policía política, no un órgano de delitos económicos. El delito imputado figura en el Código Penal entre los delitos contra el orden económico. Pero el expediente lo instruyó el órgano del Ministerio del Interior que investiga los delitos contra la seguridad del Estado. En la filiación de Santiesteban Prats, el fiscal escribió que «se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario que impera en Cuba». Eso no es una prueba de ningún cambio de divisas. Es una opinión política dentro de un expediente penal.

Los condenados cuentan que el final estaba escrito. Viñas Alonso dijo que una teniente coronel de la Seguridad del Estado le ofreció dejarle ver a su hijo en Europa si dejaba el cargo. Según su relato, ante su negativa le advirtió: «Como tú estás encaprichado, vas a ir a los tribunales y no vas a salir ileso». Santiesteban Prats contó lo mismo: «Se cumplió todo lo que amenazó la Seguridad del Estado». Y añadió: «Ellos dijeron, o se quitan o los quitamos». Un tribunal que dicta lo que otro ya había anunciado no ofrece las garantías que presume su nota.

El tribunal fue más duro que la propia Fiscalía. Las penas principales coinciden con las que pidió el fiscal. Pero la Fiscalía había pedido prohibir el ejercicio de cargo u oficio solo a Viñas Alonso. El tribunal lo extendió a los cuatro, incluido Santiesteban Prats, actual jefe del Supremo Consejo. Así, la sentencia no solo castiga un cambio de 300 dólares. También aparta de la dirección de la masonería a quien la dirige hoy.

Hay un antecedente reciente en la misma línea. El 7 de agosto, el Ministerio de Justicia intentó apartar a Viñas Alonso del Supremo Consejo. Un centenar de masones acudió a respaldarlo. Lo que no logró esa vía administrativa lo consigue ahora una sentencia. No es el único caso reciente de pena de limitación de libertad por motivos discutibles. Según el informe de septiembre de Prisoners Defenders, el 1 de octubre un tribunal de La Habana del Este condenó a Anna Bensi y a su madre a dos años de privación de libertad subsidiada por limitación de libertad. Fue por grabar un vídeo en su propia casa donde aparecía un agente de civil entregando una citación.

Lo que no te cuentan

La prensa oficial copió la nota del tribunal, que salió en el perfil de Facebook del Tribunal Provincial Popular de La Habana. No dice una palabra de la voz de los condenados. No cuenta que Santiesteban Prats niega haber confesado, aunque el escrito fiscal diga que los cuatro lo hicieron. Dijo: «Yo no he reconocido el delito». Tampoco cuenta que acusa al instructor de atribuirle declaraciones que no hizo. Calla que la defensa pidió la absolución de los cuatro. Calla que una fuente conocedora del proceso contó el 2 de noviembre a Cubanet que la policía política instalaba cámaras cerca del tribunal. Según esa fuente, el despliegue era similar al de los juicios del 11J. Y no explica por qué la acusación está en manos del órgano que investiga delitos contra la seguridad del Estado.

Santiesteban Prats fue condenado en diciembre de 2012 a cinco años de prisión y obtuvo la libertad condicional en 2015, según PEN International. Este jueves dijo: «Esta no es mi primera vez». Son hechos que cualquier lector cubano puede comparar con la nota de dos párrafos que publicó el régimen.

El cambio de dólares en el mercado informal es parte de la vida diaria de muchos cubanos de a pie. Que se castigue con cuatro años a quienes lo hicieron para un asilo, y que el caso lo lleve la policía política, dice más de la intención que del delito.

Fuentes (7)

Las cifras salen de los datos de Cuba Clara, que enlazan a su fuente original. Las gráficas son nuestras; las fotos llevan su autor y su licencia.