En julio de 1957, en la Sierra Maestra, Fidel Castro firmó un papel que prometía elecciones generales en el plazo de un año y la vuelta a la Constitución de 1940. Esas elecciones nunca llegaron. La Constitución de 2019 dice hoy que el Partido Comunista, «único», es la «fuerza política dirigente superior», y que el socialismo es «irrevocable» (artículos 4 y 5).
Lo que vino en lugar de las urnas fue la cárcel, el paredón y el destierro para quien no estuviera de acuerdo. Esta es la historia de esa represión, década a década, contada con datos y con nombres. La versión larga del principio está en Prometieron elecciones en un año; trajeron el paredón.
El paredón y los plantados (1959–1979)
Los fusilamientos empezaron en las primeras semanas de 1959. El Archivo Cuba, que documenta cada caso con nombre y fuente, tiene registrados 3 083 fusilamientos, 2 737 de ellos en la primera década. Suma además 1 324 ejecuciones extrajudiciales, reales o sospechadas. Son solo los casos que se han podido probar uno a uno.
Algunos de los juzgados aquellos meses tenían crímenes reales del tiempo de Batista. Otros no tuvieron un juicio de verdad. Y pronto le tocó también a los propios rebeldes.
En octubre de 1959, el comandante Huber Matos pidió la baja del ejército porque no quería formar parte del giro comunista. Lo acusaron de traición y lo condenaron a veinte años, que cumplió completos.
Las cárceles se llenaron. En el Presidio Modelo de Isla de Pinos, cuando el régimen ordenó a los presos políticos cambiar su uniforme caqui por el azul de los presos comunes, muchos se negaron. Tampoco aceptaron el trabajo forzado. Decían «Yo me planto», y de ahí les quedó el nombre: los plantados. Uno de ellos, Ángel de Fana, pasó 20 años y 7 meses preso; Ernesto Díaz Rodríguez, más de 22.
Mario Chanes de Armas había asaltado el cuartel Moncada junto a Fidel Castro en 1953. Lo arrestaron el 17 de julio de 1961 y pasó unos treinta años en prisión. Fue el preso político que más tiempo estuvo encerrado en Cuba.
Irse tampoco era fácil. El Archivo Cuba cuenta 171 personas muertas a manos de agentes del Estado cuando intentaban salir del país, y al menos 30 cubanos fusilados por intentar irse «ilegalmente».
Curas, homosexuales y poetas (1961–1971)
En septiembre de 1961, tras una procesión católica en La Habana que acabó en choque con las fuerzas del régimen, el obispo auxiliar Eduardo Boza Masvidal fue detenido. Días después lo metieron en el barco Covadonga rumbo a España junto con más de 130 sacerdotes expulsados.
Entre 1965 y 1968, el régimen encerró en campos de trabajo forzado de Camagüey a entre 30 000 y 35 000 personas. Se llamaban UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Allí mandaron a homosexuales, creyentes, objetores y jóvenes que no encajaban. Uno de ellos fue un cura joven, Jaime Ortega, que estuvo ocho meses en los campos y décadas después sería cardenal de La Habana.
En 1971 le tocó a la literatura. La Seguridad del Estado detuvo al poeta Heberto Padilla y lo sacó después a leer una «autocrítica» en público. Escritores de todo el mundo que habían apoyado la Revolución, como Jean-Paul Sartre y Mario Vargas Llosa, firmaron una carta a Fidel Castro y rompieron con ella.
La escoria y el paredón de los suyos (1980–1989)
En abril de 1980, más de diez mil personas se metieron en la embajada de Perú para irse del país. Muchos de los que se fueron por el Mariel pasaron antes por los actos de repudio: turbas organizadas frente a sus casas, con insultos, huevos y golpes. Una muchacha de diecisiete años contó a Cubanet, décadas después, que a su madre le dieron con un palo en la cabeza delante de su casa.
El 1 de mayo, en la Plaza, Fidel Castro les puso nombre: «no la escoria que se alojó en la embajada de Perú», dijo, según la transcripción oficial del discurso.
En 1989 el paredón alcanzó a la cúpula. El general Arnaldo Ochoa, Héroe de la República, fue juzgado por un tribunal militar acusado de narcotráfico y traición. El 13 de julio de 1989, al amanecer, lo fusilaron junto al coronel Antonio de la Guardia y otros dos oficiales.
El remolcador y el Malecón (1994)
Hacia las 3:00 a. m. del 13 de julio de 1994, un viejo remolcador, el «13 de Marzo», salió del puerto de La Habana con 72 personas a bordo. A siete millas de la costa, barcos del Estado lo embistieron y barrieron la cubierta con mangueras de agua a presión. Murieron 41 personas, 10 de ellas menores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado cubano violó el derecho a la vida y que nunca hubo una investigación judicial. Nadie ha sido juzgado. Lo contamos con detalle en la historia de los éxodos.
Tres semanas después, el 5 de agosto, miles de personas salieron al Malecón de La Habana a pedir libertad. Policías y miembros del contingente Blas Roca los dispersaron a golpes y con arrestos. Luego el régimen dejó salir a quien quisiera: en un mes, más de 30 000 cubanos se echaron al mar.
La Primavera Negra (2003–2012)
Entre el 18 y el 20 de marzo de 2003, la Seguridad del Estado detuvo a 75 periodistas independientes, bibliotecarios y opositores pacíficos. Los juicios duraron un día y las penas llegaron a 28 años. Amnistía Internacional los declaró a todos presos de conciencia.
Ese mismo abril, tres jóvenes que intentaron desviar una lancha de pasajeros hacia Estados Unidos fueron juzgados y fusilados en pocos días.
Ese mismo 2003, las esposas y madres de los presos empezaron a ir cada domingo a misa a la iglesia de Santa Rita, en La Habana, y al salir caminaban juntas, vestidas de blanco. Así nacieron las Damas de Blanco. Llevan desde entonces caminando, y desde entonces las detienen.
Uno de aquellos presos, el albañil Orlando Zapata Tamayo, murió el 23 de febrero de 2010 después de 85 días en huelga de hambre. Tenía 42 años.
Meses después, el régimen se comprometió con la Iglesia católica y con España a soltar a los presos de la Primavera Negra que quedaban. Pero la condición era irse del país. Entre julio y octubre de 2010, 16 periodistas presos salieron de la cárcel y de Cuba a la vez. Al vencer el plazo, en noviembre, trece seguían presos porque se negaban al destierro. Uno de ellos, el periodista Pedro Argüelles, condenado a veinte años, lo resumió así: «No quiero abandonar mi país. Soy cubano.»
El 22 de julio de 2012, el opositor Oswaldo Payá y el joven Harold Cepero murieron en un choque de carro cerca de Bayamo. Once años después, la Comisión Interamericana concluyó que «el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas». El régimen niega esa conclusión.
Artistas contra la censura (2019–2020)
En julio de 2019 entró en vigor el Decreto-Ley 370, que prohíbe difundir por internet información contraria al interés social, la moral y las buenas costumbres. Según Human Rights Watch, se ha usado para interrogar y multar a periodistas y críticos y quitarles sus equipos.
En noviembre de 2020, el rapero Denis Solís fue detenido y condenado a ocho meses por «desacato». Sus compañeros del Movimiento San Isidro se declararon en huelga de hambre. La noche del 26 de noviembre, la policía entró en su sede y se llevó a catorce activistas; poco antes se cayeron muchos servicios de internet en La Habana.
Al día siguiente, el 27 de noviembre, cientos de artistas y jóvenes se plantaron frente al Ministerio de Cultura a pedir diálogo y libertad de expresión. Así nació el 27N. Dos meses después, cuando volvieron, los sacaron a la fuerza y se llevaron a varios en una guagua.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo «Osorbo», de San Isidro, terminaron condenados a cinco y nueve años de cárcel.
El 11 de julio y sus castigos (2021–2025)
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a la calle en decenas de pueblos y ciudades gritando «libertad». Esa tarde, Díaz-Canel salió en televisión: «la orden de combate está dada». Ese mismo día hubo cortes de internet y restricciones a las redes sociales.
Las organizaciones Justicia 11J y Cubalex verificaron 1 484 detenidos. La propia Fiscalía informó en junio de 2022 de 381 condenados, 36 de ellos por «sedición». Según Cubalex, solo los condenados de Toyo y La Güinera, dos barrios de La Habana, suman 1 916 años de cárcel. Más detalles en la historia de la represión.
Después vinieron las leyes. El 17 de agosto de 2021 se publicó el Decreto-Ley 35, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a cortar el servicio a quien publique «noticias falsas» o algo que afecte la moral o el orden público.
El 1 de diciembre de 2022 entró en vigor un nuevo Código Penal. Amnistía Internacional habló de un «panorama aterrador»: mantiene la pena de muerte para 23 delitos y castiga con 4 a 10 años de cárcel recibir dinero para actividades contra el Estado, algo que amenaza a periodistas y activistas.
El apagón digital se volvió costumbre. En septiembre de 2022, tras protestas por los apagones después del huracán Ian, Cuba se quedó casi sin internet durante unas siete horas.
En la cárcel también se muere. El 30 de noviembre de 2024 murió en el Combinado del Este Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 30 años, preso por el 11J. Las autoridades dijeron que se ahorcó; su familia y la organización Justicia 11J denuncian que lo mataron a golpes. Según Justicia 11J, era el tercer manifestante del 11J muerto en prisión.
En enero de 2025, tras un acuerdo con Estados Unidos mediado por el Vaticano, el régimen anunció que excarcelaría a 553 presos. Uno fue José Daniel Ferrer, líder de la Unpacu, que salió el 16 de enero. El 29 de abril, el Tribunal Supremo le revocó la libertad condicional y volvió a prisión, igual que el opositor Félix Navarro.
El destierro como castigo (2010–2026)
Desde 2010, salir de la cárcel muchas veces significa salir de Cuba. El 13 de octubre de 2025, Ferrer fue excarcelado y llegó ese mismo día a Miami. Dijo que fue una decisión «muy dura», tomada por el acoso a los suyos.
En julio de 2026 le tocó a Otero Alcántara. La Seguridad del Estado lo sacó de la prisión de Guanajay el 7 de julio, dos días antes de cumplir su condena. Su paradero se ocultó unos diez días, y el 18 de julio llegó a Estados Unidos. La condición para soltarlo era que se fuera. Maykel Osorbo, condenado a nueve años, sigue preso: lo pasaron a la misma celda que dejó su amigo.
Hoy
A finales de septiembre de 2026 había en Cuba 1 351 presos políticos, según Prisoners Defenders. Es la cifra más alta que ha registrado. En abril de 2023 eran 1 048 (la serie completa está en /presos/).
Solo en septiembre entraron 50 nombres nuevos a la lista y salieron 38, la mayoría por cumplir su condena. Entre los presos hay 152 mujeres y 476 personas enfermas. Otros 40 fueron detenidos cuando eran menores de edad, y 14 de ellos acabaron condenados por «sedición». De la lista total, 677 presos con nombre están verificados uno a uno por Cubalex.
La presión diaria también se cuenta. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 3 051 acciones represivas entre enero y septiembre de 2026, y 368 detenciones arbitrarias en el mismo periodo. En 2021, el año del 11J, fueron 9 707 acciones represivas y 2 717 detenciones.
Los apagones y el hambre siguen sacando gente a la calle. La noche del 13 de marzo de 2026, en Morón, cientos de personas marcharon con cacerolas gritando «¡Corriente y comida!» y «¡Libertad!». Un pequeño grupo apedreó y quemó objetos de la sede del Partido. La cobertura de móviles en el pueblo cayó durante horas.
Hubo decenas de detenidos. Uno fue Jonathan Muir Burgos, de 16 años, hijo de un pastor evangélico. Lo acusaron de «sabotaje» y lo encerraron más de tres meses en una cárcel de adultos. Ahora la Fiscalía pide hasta 13 años de cárcel para 18 procesados de Morón, siete de ellos menores cuando ocurrieron los hechos. A Jonathan le piden siete años.
En abril de 2026 el régimen anunció el indulto de 2 010 presos. Al revisar la lista oficial, Prisoners Defenders solo pudo confirmar a un preso político entre ellos. elTOQUE contó dos.
Mientras tanto, las detenciones siguen. El periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, está preso desde el 16 de septiembre, acusado de «desobediencia», en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey. Según Reporteros sin Fronteras, su mensaje fue: «Estoy sereno y sigo decidido».
En Granma, la Fiscalía pide hasta 10 años para cuatro activistas acusados de pertenecer al grupo opositor Cuba Primero y de participar en un grupo de WhatsApp. Están presos desde noviembre de 2024. Y el 26 de septiembre, según Prisoners Defenders, detuvieron al pastor Maikel Pupo Velázquez después de convocar una oración pública.
El control de la información también se aprieta. En Santa Clara, según un perfil oficialista citado por 14ymedio y aún sin confirmar, varias personas recibieron penas de 4 y 5 años por vender antenas Starlink, que dan internet por satélite sin pasar por el Estado.
El régimen sigue diciendo que en Cuba no hay presos políticos. Las listas, con nombres y expedientes, dicen otra cosa. La historia sigue abajo, hecho a hecho.
